Por Ángela Ramírez*
La realidad de la nación colombiana se ha desarrollado históricamente rodeada de conflicto y violencia que, a su vez, ha dejado millones de víctimas afectadas por este fenómeno. Cuando se habla de construcción de paz en Colombia, debe ir más allá de la concesión de acuerdos o desmovilización de grupos armados. Debe involucrar un compromiso exhaustivo con la reconciliación, la justicia y la reivindicación de las víctimas que sufren no solamente traumas físicos y emocionales, sino también la exclusión social y el surgimiento de barreras que no les permiten reconstruir sus vidas. Teniendo esto en cuenta, visualizar la construcción de paz como herramienta de desarrollo para las víctimas, permitiendo el acceso a oportunidades que permitan reivindicar no solamente sus derechos, sino sus vidas, con garantías laborales que les permitan alcanzar una calidad de vida digna.
El conflicto armado en Colombia tiene profundas raíces en la desigualdad social y económica. Por ello, no es suficiente lograr un acuerdo de paz que se centre únicamente en el desarme y la reinserción de los excombatientes. Las víctimas del conflicto deben ser una prioridad en la agenda de desarrollo del país. Una paz sostenible solo se puede lograr si se atienden las causas estructurales del conflicto, y una de las principales es la falta de oportunidades laborales y económicas para las poblaciones más vulnerables.
En este sentido, la inclusión laboral se presenta como una herramienta clave para la reconciliación. El empleo digno no solo proporciona ingresos y estabilidad, sino que también crear espacios de interacción y convivencia entre personas de diferentes contextos y experiencias. En un país tan fragmentado como Colombia, donde las cicatrices del conflicto todavía son profundas, la inclusión laboral puede servir como un puente entre las diferentes comunidades y promover el entendimiento mutuo.
Además, una política de inclusión laboral que integre a las víctimas del conflicto contribuye a romper con los ciclos de violencia. Cuando las personas tienen acceso a empleo y pueden satisfacer sus necesidades básicas, disminuye el riesgo de que vuelvan a caer en dinámicas de conflicto o violencia. De esta manera, la inclusión laboral no solo beneficia a las víctimas, sino que también fortalece la seguridad y la paz a nivel nacional.
El estimado de víctimas del conflicto armado es de 9 millones de personas según el Registro Único de Victimas, de esta población aproximadamente el 63% se encuentra desempleada. A lo largo de los años, se han diseñado distintos programas y estrategias gubernamentales en pro de reivindicar los derechos laborales de esta población y, de la misma manera, proveer de oportunidades de dignificar la vida de cada una de estas personas. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo junto con la OIT se han encargado de diseñar una serie de cuatro estrategias: El Campo es Paz Total, Formándonos para la Paz Total, La Comunidad Mi Causa y Orientación Vocacional para jóvenes víctimas. Estos programas, tienen el objetivo de proveerle las herramientas necesarias a la población, para que el proceso de reinserción en la sociedad, y en este caso, en la vida laboral, les brinde las oportunidades de adaptación laboral y, así mismo, la transformación de la calidad de vida brindando oportunidades de mejora a esta población en situación de vulnerabilidad y violencia.
La construcción de Paz en Colombia no es sólo una cuestión de reconocimiento, sino una necesidad de reivindicación de vidas dignas para las personas que fueron involucradas en el conflicto armado. Brindando oportunidades de desarrollo económico a las víctimas del conflicto, no sólo se repara el daño causado, sino que también asegura las condiciones futuras más equitativa y pacíficamente, por último, la paz no se establece exclusivamente con negociaciones y acuerdos, sino con la creación de una sociedad donde todos y todas tengan la posibilidad de vivir dignamente.
*Estudiante de IV semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales- Voluntario IPAZDE
