A primera vista, ambas decisiones parecen incompatibles. ¿Cómo puede un Estado negociar con una organización mientras entrega a algunos de sus líderes a la justicia de otro país? Sin embargo, reducir el debate a una elección entre paz o seguridad sería simplificar un problema que Colombia lleva décadas intentando resolver.
La búsqueda de paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a exigir que quienes han cometido delitos graves respondan ante la justicia. Desde esta perspectiva, las extradiciones representan una muestra de que la negociación no debería significar que el Estado renuncie a su deber de combatir el crimen.
Pero la otra cara del problema también merece atención. Los procesos de negociación necesitan confianza y reglas claras. Cuando quienes han iniciado un proceso de diálogo o desmovilización no tienen certeza sobre las condiciones jurídicas y políticas que enfrentarán, puede debilitarse la credibilidad de estos procesos. Colombia necesita demostrar que abandonar las armas es una alternativa real, sin que esto implique justificar los delitos cometidos.
El problema, además, va mucho más allá de lo que ocurre entre el Gobierno y los grupos armados. La violencia continúa encontrando espacio en territorios donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente y las oportunidades económicas son limitadas. Por eso, hablar de construcción de paz sin hablar de desarrollo es incompleto.
No habrá una paz duradera si, después de la captura o desmovilización de un grupo armado, permanecen las mismas condiciones que permitieron su fortalecimiento. La educación, el empleo, la infraestructura y las economías legales son también herramientas para construir paz. De poco sirve desarticular una organización si otra puede ocupar su lugar porque las comunidades siguen sin alternativas.
El verdadero desafío para Colombia no está en escoger entre negociar o aplicar la justicia. Tampoco entre paz o seguridad. Una paz sostenible necesita instituciones capaces de garantizar seguridad, y la seguridad solo puede mantenerse cuando existen condiciones de desarrollo y oportunidades reales.
Las recientes decisiones del Gobierno deberían llevar a una reflexión más profunda: ¿qué ocurre después de una extradición, una captura o el cierre de una mesa de negociación? Si el Estado no logra ocupar efectivamente los territorios y ofrecer alternativas a las comunidades, la violencia simplemente cambia de nombre y de protagonistas.
Quizás esa sea la pregunta más importante para Colombia: no solo cómo terminar con los grupos armados actuales, sino cómo evitar que surjan otros nuevos. La paz no se construye únicamente en una mesa de negociación ni se garantiza únicamente mediante la fuerza. Se construye cuando la justicia, la seguridad y el desarrollo dejan de ser objetivos separados y se convierten en parte de una misma política para el país.
