Esta frase es de uno de los arrullos cantados por las mayoras del municipio de Bojayá, en referencia a la masacre del 2 de mayo de 2002, causada por enfrentamientos entre las extintas FARC y las AUC. Muchas víctimas recuerdan la crueldad de aquel día porque la vida no volvió a ser la misma. Hoy siguen buscando respuestas, aunque surgen más preguntas que abren la herida, generalizando un clamor que todas las víctimas del conflicto armado colombiano se hacen: ¿por qué tuvimos que ser nosotros?
A diez años del Acuerdo de Paz de 2016, esa pregunta sigue sin respuesta completa, y ahí está la primera verdad incómoda de este aniversario: el Acuerdo no fracasó, pero tampoco ha cumplido lo suficiente como para que ese clamor se apague. Trajo desmovilización, trajo la Jurisdicción Especial para la Paz, trajo un ejercicio de verdad que antes era impensable. Pero para las mayoras de Bojayá y para miles de víctimas más, la verdad sin reparación efectiva ni seguridad territorial no cierra nada; solo documenta la herida con más detalle. Por eso el clamor no cesa: no porque el Acuerdo no exista, sino porque su promesa más profunda, que no vuelva a pasar, que el Estado por fin llegue de otra forma, sigue incumplida en los territorios donde más se necesita.
Tenemos que enfrentar, además, la evolución de los grupos armados; parece que el diálogo no está entre sus alternativas, porque solo han usado esta poderosa arma, la palabra, para sus propios intereses. En este sentido, hablar de paz configura una delgada línea entre una etiqueta política y la construcción de un país. No se trata solo de resignificar el concepto; se trata de enfrentar un fenómeno más profundo, el de la politización. Mencionar la paz parece bastar para que a alguien lo etiqueten, lo reduzcan a una posición partidista y se descarte cualquier argumento que traiga consigo. Eso es riesgoso porque niega la historia de un país marcado por la violencia y el trabajo de comunidades que durante décadas han sostenido, solas, una cultura de paz.
Esa politización tiene un costo directo sobre las víctimas. La paz es transversal a cualquier campo: cuando se negocia y se establecen acuerdos, es indispensable coordinar entre lo público y lo privado para afrontar los retos de la desmovilización y la reparación. Pero en Colombia el conflicto les ha puesto precio a todos sus actores, y las reparaciones no pueden basarse solo en la verdad. Se necesita restitución de tierras que de verdad llegue, proyectos productivos que no queden en el papel y, sobre todo, garantías a agentes del Estado, entiéndase como miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las FARC que se desmovilizaron y se adhieren al Acuerdo de Paz. Sin eso, todos los testimonios desgarradores vuelven al mismo clamor: ¿por qué tuvieron que ser ellos, en su territorio, en su casa, con su familia?
Existen muchas respuestas posibles, dadas incluso por los mismos excombatientes de las FARC, solo que cada una abre más preguntas de las que resuelve. Distintos sectores políticos, tanto quienes defendieron el Acuerdo como quienes lo criticaron desde el plebiscito de 2016, han terminado atrapados en ese mismo ciclo, pero con otra connotación que puede ser revictimizante. Es cierto que hablar de paz puede sentirse incómodo e ilusorio para quienes viven el conflicto armado en otra dimensión, y que se siente frágil ante quienes no quieren escuchar la verdad incluso habiendo fallos del Estado, demandado miles de veces por omitir su deber de brindar seguridad o por contribuir, con su ausencia, a la perpetuación de violaciones de derechos humanos. Pero también es cierto que no toda crítica al Acuerdo nace de ese lugar. Hay objeciones legítimas: retrasos en la implementación de la JEP, incumplimientos estatales en la reforma rural integral, o la seguridad de los excombatientes y exmiembros de la Fuerza Pública. Reconocer esa diferencia entre quien cuestiona por temor legítimo y quien ataca por interés en que la guerra continúe es necesario si queremos que el debate deje de ser una guerra de trincheras discursivas.
Esa misma confusión entre crítica legítima y ataque interesado es la que ha alimentado, en los últimos siete años, una atmósfera de censura. Durante los últimos tres gobiernos creció una tentación cada vez más extendida de amedrentar al que piensa distinto, sin dejar espacio a una tercera vía diplomática. Regresamos a esos años en que hablar de paz era cosa de valientes, y también una lucha que podía costar vidas. La censura, el odio y la represión reaparecen cada vez que se menciona el conflicto armado. Y aquí surge la pregunta que debería inquietarnos a todos, más allá de la orilla política en la que estemos: ¿por qué el Acuerdo de Paz con las FARC parece esfumarse, y qué estamos dispuestos a hacer para que no sea así?
Tal vez el Acuerdo no se esfuma porque haya fracasado, sino porque nunca terminamos de sostenerlo. Un proceso de paz no se firma una sola vez: se firma todos los días, en cada territorio donde el Estado decide o no hacer presencia distinta a la militar, en cada líder social que sigue vivo para contarlo, en cada excombatiente que encuentra otro camino y no termina en una fosa. Diez años después, la pregunta ya no debería ser si creemos en la paz, sino si estamos dispuestos a defenderla; porque en la última década nos ha dejado una lección: “la paz no la destruye un solo bando; la abandona cada vez que preferimos el silencio cómodo a la incomodidad de sostenerla”.
